Mi hijo es de Aznar

En toda democracia de segunda que se precie, existen determinados personajes que han marcado profundamente los destinos de un país, y los que se les debe favores por los servicios prestados. Rafael Vera, seguramente una de las cinco personas más importantes de nuestra post-transición, es uno de esos personajes. Ahora en la sombra, su vinculación con el PSOE sigue existiendo. El 11 de marzo de 2004 usó el despacho de Juan Carlos Rodríguez Ibarra para hacer llamadas y probablemente no era para hablar con su señora madre. Desde entonces, apenas se le conoce nada relevante, salvo alguna entrevista, como la que concedió a Vanity Fair (¿?) la pasada primavera.

Por desgracia, Rafael Vera conoce tantos secretos de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años en nuestro país, que es mejor mantenerle contento y no desatenderle demasiado, por las mantas de las que pueda tirar. Solamente así se puede comprender que el Constitucional haya permitido a Vera continuar viviendo en la finca que adquirió con 43 millones de pesetas (de los años 80) de los 141 millones de pesetas que robó de los fondos reservados. La finca, situada en Torrelodones, consta de un terreno de más de 9.000 metros cuadrados e incluye una vivienda de 375. Un piso modesto, que hoy puede valer quince veces más de lo que pagó el ex secretario de Estado hace dos décadas.

Por los delitos que cometió, el dinero que robó y el terrorismo de Estado del que fue principal impulsor, Rafael Vera debería continuar en prisión. Debería ser alguien defenestrado por un partido que debería avergonzarse de sus acciones y debería, después de cumplir una pena ajustada a sus delitos, ser tratado por nuestra Justicia, como mucho, como un ciudadano más. Es más, aunque Vera no hubiera cumplido delito alguno, como dice nuestra Constitución, todos los ciudadanos deberíamos ser tratados con igualdad ante la Ley. ¿Y quién puede saberlo mejor que el propio Tribunal Constitucional?

Los argumentos en los que basa el Constitucional su decisión pasan por peregrineces como que “el desalojo de su domicilio permanente y habitual que comparte con su familia, con los consiguientes perjuicios difícilmente reparables que supone la posesión de la citada vivienda”. La defensa alegó que Vera carece de “otra vivienda alternativa donde ubicarse”. La sentencia también argumenta que no se considera que  la suspensión de la ejecución “pueda entrañar una perturbación grave de los intereses generales o de los derechos fundamentales y libertades públicas de un tercero”.

Algunos pensarán que todo esto es por el bien común. Que el mal de pagarle una mansión a este señor es infinitamente menor que tener que asumir los ríos de tinta, las manos sobre la cabeza y la inestabilidad que provocaría la publicación de lo que el ex Secretario de Estado tenga que contar.

En los últimos años miles de personas se han embarcado en arriesgadas hipotecas, han pasado años contando euros para llegar a fin de mes, han estado sudando por conservar sus trabajos, se han privado de los más básicos caprichos… Y muchos, en efecto, no han llegado a fin de mes, han perdido primero sus trabajos, y luego sus viviendas, o incluso las de aquellos familiares que les avalaron. Y todas estas penurias las han pasado, siempre, dentro de la legalidad, y desde luego, no en mansiones con diez mil metros de jardín. Y cuando a estos españoles de a pie todo les ha ido mal, como decía, se han quedado en la calle, porque ningún tribunal ha justificado que fuese su vivienda habitual o que no tenían otra vivienda alternativa en la que vivir, o que no expulsarles de su vivienda no entrañaba “perturbación grave” de los intereses o derechos de otras personas.

Si alguien cree en serio que en España todos somos iguales ante la Ley, o que la Justicia merece tal nombre, es que no sabe por dónde le da el aire. Estas cosas es mejor asumirlas y mirar para otro lado, pero a mí permítanme que me muera un poco del asco.

P.D.: La de Vera es una sentencia del Constitucional tan inclinada hacia la izquierda (y hacia la injusticia) que tal vez resulte ser un anticipo de la sentencia que este mismo tribunal ofrecerá (tal vez en breve) sobre el Estatuto de Cataluña. Veremos.

Imagen: ABC.es

Corría 2004, cuando la más feroz oposición democrática que se recuerda aplastaba la imagen pública de Aznar minuto sí, minuto también, con la complicidad (tras juramento de sangre) de no pocos medios de comunicación. El PP era culpable. Culpable de todo: el Prestige, el Yak, la Guerra de Irak… y el precio de los pisos. De este todo, probablemente, lo que más dolía era el precio de los inmuebles que empezaba a ponerse en órbita. Resuena aún en mis oídos aquella frase que pronunciaron no pocos jóvenes en marzo de hace un lustro de “Zapatero no nos falles”. La burbuja inmobiliaria provocada adrede por el Partido Popular iba a ser explotada por el adalid de la libertad, el superhéroe de los obreros y el líder de los jóvenes todavía por independizarse. ZP daría tremendos y lujosos apartamentos a todos los jóvenes de este enladrillado país. Así que, entre las mentiras del 11-M (las de Acebes, las de Aznar, las de Zaplana y las de la SER) y la guerra de Irak y el Prestige y todo lo demás, acabó ganando el PSOE unas elecciones que tenía perdidas si la sangre no hubiera llegado al río. Pero (vaya, cómo son las cosas) llegó.

Zapatero ha fallado a los jóvenes. Como en tantas otras cosas. Presentó un programa electoral con cosas imposibles de conseguir con el fin de no salir vapuleado en unas elecciones que ni en sus mejores sueños podía ganar. Prometió tantas cosas que ahora releerlas cinco años después incitan a la carcajada, casi tanto como la promesa de pleno empleo que realizó la primavera pasada. Desde que Zapatero es Presidente, el precio de la vivienda no ha dejado de subir y subir, como lo había hecho antes. Es evidente que el Gobierno no es culpable de que las viviendas suban de precio, pero sí es culpable de no haber hecho nada para impedirlo. Por desgracia, no todo iba a ser tan sencillo (y efectista) como retirar las tropas de Irak (para mandarlas a la legalísima guerra de Afganistán). Zapatero cree que para solucionar un problema basta con crear un ministerio que lleve el nombre del problema. Que falta igualdad, pues creamos un Ministerio de Igualdad. Que hay problemas con el precio de las viviendas, pues creamos un Ministerio de Vivienda. Que tenga competencias o no es lo de menos. Lo importante es el nombre, la intención, la buena fe. Zapatero no nos falles.

El programa del PSOE de 2004 resolvía en menos de dos folios el problema de la vivienda que tantos quebraderos de cabeza nos estaba dando. En el apartado de Economía, y bajo el título “Vivienda: un derecho efectivo” el PSOE iniciaba su plan salvador criticando la política del PP en esta materia. Seguidamente recordaba que “el acceso a una vivienda digna, a precio asequible, en una ciudad más habitable y en un territorio más equilibrado, es un derecho consagrado en la Constitución.” (¿pero se cumple de verdad algún artículo de la Constitución?). El objetivo de los socialistas era que “ningún español tenga que comprometer más del 30% de su renta para disfrutar de una vivienda digna”. Según el Banco de España en 2008 dedicamos el 46,1% de la renta a financiar la compra de una vivienda. Record histórico. Zapatero no nos falles.

El programa seguía anunciando que “los objetivos de las propuestas que presentamos se pueden resumir en dos. El primero, favorecer el acceso a la vivienda, a un precio asequible, en particular a los jóvenes y a otros colectivos vulnerables [en mi opinión, cualquiera debajo de un puente se siente vulnerable, sí]. El segundo, es frenar la burbuja inmobiliaria.”. Debajo del puente sigue viviendo gente, y la burbuja han sido incapaces de frenarla antes de que por sí misma haya explotado, afectando a todos los sectores productivos (e improductivos) de la economía española. Zapatero no nos falles.

Otro de los objetivos que se marcaba el PSOE en 2004 era “elevar el porcentaje de viviendas en alquiler del 11% actual al 20% del total del parque existente”. La realidad, hoy, más de cinco años después es que menos del 9% de las viviendas están en régimen de alquiler, un porcentaje menor al que el PSOE consideraba como “actual” en 2004. Nuevo exitazo. Zapatero no nos falles.

Hace unos días el presidente de la patronal de promotores y constructores, José Manuel Galindo (que sustituye al lamentable Guillermo Chicote, que dimitió poco después de asegurar que antes de permitir que la vivienda baje un 30% se la regalaría a los bancos) aseguraba que el 20% es lo máximo que puede bajar la vivienda. Es decir, más o menos lo mismo que dijo su predecesor en el cargo, pero con otras palabras más educadas, y más adecuadas para los tiempos que corren. Al tiempo que hacía tal afirmación, ofrecía al Gobierno los pisos sobrantes por si le interesan. Hay que tener la cara como el granito de dura para al mismo tiempo asegurar que la vivienda no bajará y ofrecer al Ministerio de Vivienda que, por favor, les compre lo que ellos (con sus desorbitados precios) son incapaces de vender. Por el momento Beatriz Corredor ha asegurado que no barajan esa posibilidad, cosa que, de momento, tranquiliza. El Gobierno debe dejar que el precio de la vivienda caiga con fuerza todo lo que tenga que caer, aunque ello afecte al PIB del país, del que poco va a poder presumir Zapatero en un tiempo. Dada la demostrada incapacidad de Zapatero de cumplir su promesa de arreglar el problema de la vivienda en España, al menos, aprovechemos este periodo de crisis para que algunos sectores vuelvan a la realidad de la que nunca debieron salir. En el tema de la vivienda, en este momento, solamente podemos esperar que el Presidente del Gobierno no mueva un dedo, y permita un ajuste drástico del precio de los pisos que se lleve por delante los puestos de trabajo (ficticios) y las empresas (aún más ficticias) que se tenga que llevar. De momento el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que comprará los pisos que no vendan los promotores. La peor noticia posible para los gallegos. Feijóo se equivoca gravemente (como algunos ya critican). Ahora solamente queda esperar que el Gobierno central no cometa el mismo tremendo error. Lo dicho, Zapatero no nos falles… más.