Mi hijo es de Aznar

En toda democracia de segunda que se precie, existen determinados personajes que han marcado profundamente los destinos de un país, y los que se les debe favores por los servicios prestados. Rafael Vera, seguramente una de las cinco personas más importantes de nuestra post-transición, es uno de esos personajes. Ahora en la sombra, su vinculación con el PSOE sigue existiendo. El 11 de marzo de 2004 usó el despacho de Juan Carlos Rodríguez Ibarra para hacer llamadas y probablemente no era para hablar con su señora madre. Desde entonces, apenas se le conoce nada relevante, salvo alguna entrevista, como la que concedió a Vanity Fair (¿?) la pasada primavera.

Por desgracia, Rafael Vera conoce tantos secretos de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años en nuestro país, que es mejor mantenerle contento y no desatenderle demasiado, por las mantas de las que pueda tirar. Solamente así se puede comprender que el Constitucional haya permitido a Vera continuar viviendo en la finca que adquirió con 43 millones de pesetas (de los años 80) de los 141 millones de pesetas que robó de los fondos reservados. La finca, situada en Torrelodones, consta de un terreno de más de 9.000 metros cuadrados e incluye una vivienda de 375. Un piso modesto, que hoy puede valer quince veces más de lo que pagó el ex secretario de Estado hace dos décadas.

Por los delitos que cometió, el dinero que robó y el terrorismo de Estado del que fue principal impulsor, Rafael Vera debería continuar en prisión. Debería ser alguien defenestrado por un partido que debería avergonzarse de sus acciones y debería, después de cumplir una pena ajustada a sus delitos, ser tratado por nuestra Justicia, como mucho, como un ciudadano más. Es más, aunque Vera no hubiera cumplido delito alguno, como dice nuestra Constitución, todos los ciudadanos deberíamos ser tratados con igualdad ante la Ley. ¿Y quién puede saberlo mejor que el propio Tribunal Constitucional?

Los argumentos en los que basa el Constitucional su decisión pasan por peregrineces como que “el desalojo de su domicilio permanente y habitual que comparte con su familia, con los consiguientes perjuicios difícilmente reparables que supone la posesión de la citada vivienda”. La defensa alegó que Vera carece de “otra vivienda alternativa donde ubicarse”. La sentencia también argumenta que no se considera que  la suspensión de la ejecución “pueda entrañar una perturbación grave de los intereses generales o de los derechos fundamentales y libertades públicas de un tercero”.

Algunos pensarán que todo esto es por el bien común. Que el mal de pagarle una mansión a este señor es infinitamente menor que tener que asumir los ríos de tinta, las manos sobre la cabeza y la inestabilidad que provocaría la publicación de lo que el ex Secretario de Estado tenga que contar.

En los últimos años miles de personas se han embarcado en arriesgadas hipotecas, han pasado años contando euros para llegar a fin de mes, han estado sudando por conservar sus trabajos, se han privado de los más básicos caprichos… Y muchos, en efecto, no han llegado a fin de mes, han perdido primero sus trabajos, y luego sus viviendas, o incluso las de aquellos familiares que les avalaron. Y todas estas penurias las han pasado, siempre, dentro de la legalidad, y desde luego, no en mansiones con diez mil metros de jardín. Y cuando a estos españoles de a pie todo les ha ido mal, como decía, se han quedado en la calle, porque ningún tribunal ha justificado que fuese su vivienda habitual o que no tenían otra vivienda alternativa en la que vivir, o que no expulsarles de su vivienda no entrañaba “perturbación grave” de los intereses o derechos de otras personas.

Si alguien cree en serio que en España todos somos iguales ante la Ley, o que la Justicia merece tal nombre, es que no sabe por dónde le da el aire. Estas cosas es mejor asumirlas y mirar para otro lado, pero a mí permítanme que me muera un poco del asco.

P.D.: La de Vera es una sentencia del Constitucional tan inclinada hacia la izquierda (y hacia la injusticia) que tal vez resulte ser un anticipo de la sentencia que este mismo tribunal ofrecerá (tal vez en breve) sobre el Estatuto de Cataluña. Veremos.

Imagen: ABC.es